La historia de España está llena de leyendas negras, guerras civiles, persecuciones en masa y linchamientos públicos. Sin embargo, por un pesimismo sin justificación, menos divulgados están los procesos de reconciliación civil, perdón sincero u olvido que también configuran nuestra historia.
Se trata, pues, de recordar aquí de forma somera algunos acontecimientos que nos permiten componer un cuadro más completo de nuestra historia, también marcada por un proceso de concordia entre españoles (anteriores y posteriores a la existencia misma de España). No está de más recordarlos en momentos de desazón generalizada. En la historia de España “lo peor” no siempre fue sinónimo de “lo nuestro”.
Teodomiro, Caspe y Granada
El 5 de abril del año 713 se firmó el Pacto de Teodomiro. Solo dos años después del 711. Este consistió en un acuerdo entre Teodomiro -poseedor de tierras en la zona de la actual Murcia- y Abd al-Aziz ibn Musa (emir de Al Andalus, hijo del gobernador del norte de África, Musa ibn Nusair).
Un extracto del texto del pacto -no se ha conservado el original pero sí tres versiones del mismo, que difieren en aspectos concretos pero no en el fondo- es el siguiente:
“En el Nombre de Dios, el Clemente, el Misericordioso. Edicto de Abd al-Aziz ibn Musa ibn Nusair a Tudmir ibn Abdush [Teodomiro, hijo de los godos]. Este último obtiene la paz y recibe la promesa, bajo la garantía de Dios y su profeta, de que su situación y la de su pueblo no se alterará; de que sus súbditos no serán muertos, ni hechos prisioneros, ni separados de sus esposas e hijos; de que no se les impedirá la práctica de su religión, y de que sus iglesias no serán quemadas ni desposeídas de los objetos de culto que hay en ellas; todo ello mientras satisfaga las obligaciones que le imponemos. […] Dado en el mes de Rayab, año 94 de la Hégira [713]. Como testigos, Uthman ibn Abi Abda, Habib ibn Abi Ubaida, Idrís ibn Maisara y Abu l-Qasim al-Mazali”.
El 25 de junio de 1412 se firmó el llamado Compromiso de Caspe entre nobles y representantes de los reinos de la Corona de Aragón para elegir al sucesor de Martín I, fallecido sin descendientes en 1410. De esta manera, la dinastía de los Trastámara accedió a la Corona de Aragón y se puso fin a las tensiones entre los distintos candidatos. Fernando de Antequera, regente de Castilla y abuelo de Fernando el Católico, se convirtió en rey de Aragón.
A la muerte de Martín I la cuestión sucesoria fue motivo de disputas entre los tres reinos de la Corona de Aragón: Aragón, Cataluña y Valencia (curiosamente, Baleares y Sicilia no contaron para nada a la hora de escoger al sucesor). El papa Benedicto XIII (nacido en Peñíscola) propuso una solución pactada y democrática: que tres representantes de los tres reinos se reunieran en Caspe y eligieran al candidato idóneo; fue la Concordia de Alcañiz (15 de febrero de 1412). El escogido: Fernando. Jaume Vicens Vives señala que “en Caspe no hubo ninguna iniquidad [contra los catalanes], porque la proclamación de Fernando era la única salida posible al problema planteado”.
Poco después, el 24 de noviembre de 1491, tuvo lugar el Tratado de Granada, pacto firmado por los Reyes Católicos y el sultán Boadbil “el Chico”, y que puso punto final al asedio que los cristianos estaban llevando a cabo contra los musulmanes en la Península Ibérica.
El sultán renunció al Reino de Granada en favor de los Reyes Católicos y estos, a cambio, garantizaron una serie de derechos a los creyentes musulmanes de las tierras adquiridas. El Tratado tiene 77 artículos y en ellos se establecen, entre otras cosas, las condiciones para la tolerancia religiosa, ya que no se obligó a los musulmanes a convertirse al catolicismo ni podían ser molestados por sus costumbres, y, además, no podían ser enrolados en el ejército contra su voluntad. El acuerdo también señaló que los creyentes del islam serían juzgados en sus leyes y causas por su derecho tradicional, con sus propios jueces.
Asimismo, se incluyeron beneficios fiscales temporales, reconocimiento a los bienes de los ciudadanos de Granada y se concedió una amnistía general para todos los prisioneros, incluidos los que se escaparon de las cárceles cristianas y se refugiaron en Granada; una amnistía que se extendió también a los prisioneros de guerra.
Paz de Viena
Pero si hay una paz poco explicada -y en la mayoría de los casos ocultada- esta es la Paz de Viena, firmada el 30 de abril de 1725. Tras la Guerra de Sucesión del siglo XVIII se llevaron a cabo en Barcelona nuevos nombramientos en los cargos de responsabilidad y una represión por parte del bando vencedor. Felipe V decretó en Hospitalet de Llobregat (Barcelona) la salida de todas las familias de personas vinculadas a la Gran Alianza y se sabe que la represión en Barcelona y Valencia fue cruel.
Sin embargo, uno de los líderes de los defensores del sitio de Barcelona (1714), penúltima gran plaza en caer del lado de Felipe V en la guerra, Rafael Casanova, estuvo ejerciendo de abogado solo unos meses después del sitio y falleció en 1743. Algo similar le ocurrió a su segundo, Feliu de la Peña, quien murió en 1733 después de retomar sus negocios mercantiles.
La Paz de Viena, suscrita por Felipe V de España y Carlos VI de Alemania, significó el final del exilio para muchos -de los dos bandos- de los que habían salido de los territorios de la Corona de España durante la Guerra de Sucesión. Fue una gran amnistía (no sin dificultades a la hora de aplicar, eso sí) por las dos partes en liza. Así consta en el artículo 9 del texto firmado:
“Habrá por una y otra parte perpetuo olvido, amnistía y abolición general de cuantas cosas desde el principio de la guerra ejecutaron o concertaron oculta o descubiertamente, directa o indirectamente por palabras, escritos o hechos, los súbditos de una y otra parte; y habrán de gozar de esta general amnistía y perdón todos y cada uno de los súbditos de una y otra Majestad de cualquier estado, dignidad, grado, condición o sexo que sean, tanto del estado eclesiástico como del militar, político y civil, que durante la última guerra hubieren seguido al partido de la una o de la otra potencia: por la cual amnistía ser permitido y lícito a todas las dichas personas y a cualquiera de ellas de volver a la entera posesión y goce de todos sus bienes, derechos, privilegios, honores, dignidades e inmunidades para gozarlas libremente como las gozaban al principio de la última guerra o al tiempo que las dichas personas se adhirieron al uno u al otro partido, sin embargo de las confiscaciones, determinaciones o sentencias dadas, las cuales serán nulas y no sucedidas. Y en virtud de dicha amnistía y perpetuo olvido, todas y cada una de las dichas personas que hubiesen seguido los dichos partidos tendrán acción y libertad para volverse a su Patria y gozar de sus bienes como si absolutamente no hubiese intervenido tal guerra, con entero derecho de administrar sus bienes personalmente si presentes se hallaren, o por apoderados, si tuvieren por mejor mentenerse fuera de su patria, y poderlos vender y disponer de ellos según su voluntad en aquella forma en todo y por todo como podían hacerlo antes del principio de la guerra. Y las dignidades que durante el curso de ellas se hubieren conferido a los súbditos de uno y otro príncipe, les han de ser conservadas enteramente y en adelante, y mutuamente reconocidas”.
Siglo XIX
Tras la invasión napoleónica, se reúnen en Cádiz representantes de todas las provincias españolas para poner negro sobre blanco un punto de común acuerdo por el que se debe regir el gobierno. En un contexto de guerra civil se llevará a cabo un gran pacto que figurará en la historia bajo el nombre de Constitución de Cádiz.
El año 1810 es el momento -dos años después del levantamiento de Aranjuez- en el que las juntas populares, en un país sin gobierno ni rey, se forman con miembros de la vieja élite del Antiguo Régimen y herederos de la Ilustración, todos juntos unidos por la ilusión -y la necesidad- de crear un nuevo Estado liberal constitucional.
De las antiguas cortes medievales se pasa a una asamblea acorde con las necesidades del país. Liberales, sí, pero no hay que olvidar que un tercio de los representantes en Cádiz eran eclesiásticos, buena parte abogados, muchos de las colonias americanas, pocos nobles y ningún representante del pueblo llano.
De Cádiz salen los conceptos, por primera vez en España, de soberanía nacional, separación de poderes, igualdad de derechos de todos los ciudadanos -por encima de los históricos de cada reino previo-, libertad de imprenta, fiscalidad común, ejército nacional… Tan solo la vuelta de Fernando VII (1814) al trono, gracias a la Constitución, por cierto, hizo posible que el texto quedara en nada -no así para otros países- y se volviera al túnel del absolutismo.
Seguimos en el siglo XIX. La primera guerra carlista finalizó con el Abrazo de Vergara, acuerdo firmado en Oñate (Guipúzcoa) entre Baldomero Espartero, general isabelino o liberal, y trece representantes carlistas en nombre de Rafael Maroto.
El acuerdo -que no fue reconocido por los carlistas catalanes- consta de diez artículos y es básicamente un texto de reconciliación militar de dos ejércitos. Los artículos 2 y 3 son claros y contundentes a la hora de reconocer a los carlistas (perdedores en la contienda): “Serán reconocidos los empleos, grados y condecoraciones de los generales, jefes, oficiales y demás individuos dependientes del ejército del Teniente general don Rafael Maroto, […]. Tendrán colocación en los cuerpos del ejército, ya de efectivos, ya de supernumerarios, según el orden que ocupan en la escala de la inspecciones a cuya arma correspondan”.
“Reconciliación nacional de los españoles”
Pasemos al siglo XX. El Partido Comunista de España (PCE) hizo pública una declaración en junio de 1956 -un mes antes del XX aniversario del golpe de Estado contra la II República- en la que apostaba sin fisuras por “la reconciliación nacional de los españoles”. Algunos historiadores consideran que no es hasta esta fecha cuando se puede dar por concluida la guerra civil iniciada en 1936.
Con “Por la reconciliación nacional, por una solución democrática y pacífica del problema español” el PCE puso las bases para que en España se dejará atrás el cainismo y se pudiera llegar a una reconciliación -palabra que aparece hasta 24 veces en la declaración- que diera salida a una solución democrática para el país.
El documento es un cambio estratégico -hasta entonces, el PCE todavía estaba oficialmente en guerra- y de una importancia sobresaliente. Santos Juliá ha señalado que Santiago Carrillo fue el líder del PCE que entendió los “nuevos aires” que se estaban dando en España y, tras desplazar a Dolores Ibárruri de la Secretaría General del partido y una revuelta estudiantil en la universidad madrileña, “decidió tomar la iniciativa” con esta declaración y tendiendo la mano a católicos y disidentes del régimen, e incluso a “falangistas de izquierda”.
El texto -que se leyó por Radio España Independiente o “La Pirenaica”- no deja lugar a dudas de la intención reconciliadora de los comunistas en la España de mediados de la década de los años 50 del siglo XX. Por su extensión, no cabe en este espacio, pero una muestra bastará para sanar conciencias:
“[…] El Partido Comunista de España declara solemnemente estar dispuesto a contribuir sin reservas a la reconciliación nacional de los españoles, a terminar con la división abierta por la guerra civil y mantenida por el general Franco.
[…] Existe en todas las capas sociales de nuestro país el deseo de terminar con la artificiosa división de los españoles en “rojos” y “nacionales”, para sentirse ciudadanos de España, respetados en sus derechos, garantizados en su vida y libertad, aportando al acervo nacional su esfuerzo y sus conocimientos.
El Partido Comunista de España, al aproximarse el aniversario del 18 de julio, llama a todos los españoles, desde los monárquicos, democristianos y liberales, hasta los republicanos, nacionalistas vascos, catalanes y gallegos, cenetistas y socialistas a proclamar, como un objetivo común a todos, la reconciliación nacional.
[…] Una política de venganza no serviría a España para salir de la situación en que se encuentra. Lo que España necesita es la paz civil, la reconciliación de sus hijos, la libertad”.
La Transición democrática
La Constitución de 1978 contó con el voto a favor del PCE y lo hizo 22 años después de aquel 1956. El texto resultante es la evidencia de la existencia de un mínimo común denominador de los españoles y la constatación de que la Constitución es de todos en tanto que no es solo de una facción concreta.
En noviembre de 1975 muere el dictador y se abre un periodo de transición. Entre la muerte de Franco y la aprobación de la Constitución se llevan a cabo una serie de reformas, la mayoría aprobadas por un gran consenso. Desde la Ley de Amnistía (15 de octubre de 1977) -segunda amnistía en un año, tras la de julio de 1976, una parcial cuyo objetivo era el de “promover la reconciliación de todos los miembros de la Nación”- a los conocidos como Pactos de la Moncloa (firmados el 25 de octubre de 1977) -que sobre todo afectaban a los aspectos económicos y políticos, y firmados por UCD, PSOE, PCE, PSP, PSC, CSC, PNV, CiU y AP, aunque esta última solo firmó el acuerdo económico-, pasando por la legalización del PCE (9 de abril de 1977) -de manos de un Gobierno que no había pasado por las urnas- hasta llegar a diciembre de 1978 con la ratificación en referéndum de la Carta Magna.
Entre el fin de la dictadura y la puesta en marcha de la democracia se lleva a cabo en España lo que se conoce como Transición. No es posible destacar un solo elemento que sobresalga por encima del resto durante este periodo caracterizado por un afán generalizado de reconciliación nacional tras casi cuarenta años de dictadura.
El pesimismo no está justificado
Los españoles podemos seguir buscando, promocionando y destacando nuestras diferencias; similares, por cierto, a las que existen entre los italianos del norte y del sur, las que se dan entre galeses e ingleses, o por ejemplo, las que pueden verse entre un neoyorquino y un tejano, en Estados Unidos, así como las que advierten parisinos y marselleses.
La diversidad bien entendida no es incompatible con poner en valor lo común. Estos pactos, acuerdos o reconciliaciones históricas, con sus matices y contextos -todos diferentes- no pueden analizarse solo en frío con los ojos de 2015. Pero tampoco debemos dar pábulo a las leyendas negras de tiempos pasados, que en la época contemporánea son amplificadas gracias a la doble crisis, económica y moral.
La concordia en España, además de deseable, ha sido posible. El pesimismo no está justificado. Así lo demuestra la historia. Reconciliación, consenso, fraternidad, unión, cordialidad. El perdón sincero en defensa de la convivencia.
Claves de Razón Práctica, número 242, septiembre/octubre 2015