Aparece una correspondencia de Miguel de Unamuno a Manuel Azaña. El vasco le escribe al alcalaíno que considera ‘justo’ que Cataluña se convierta en un ‘Estado absolutamente independiente’. Estamos en la Navidad de 1918:

‘Me preparé por lo menos las bases de la reunión de la nación española y la catalana ya que Cataluña  ha de acabar, y muy pronto, por separarse del todo del Reino de España y constituirse en Estado absolutamente independiente.  Justo es, pues, que España pierda ahora Cataluña. Y la perderá, no me cabe duda de que la perderá. La federación no es más que una hoja de parra’.

Estas cartas, que ha adquirido el Ministerio de Cultura y están todas dirigidas (no solo las del filósofo vasco) al que fuera presidente de la II República, se convertirán en el nuevo leitmotiv del nacionalismo catalán. No sería de extrañar, incluso, que Unamuno tuviera una calle en Barcelona (mejorando la actual plaza del extrarradio e igualándolo a su paisano Sabino Arana, bien situado en el barrio alto de la ciudad) y empezaran los honores institucionales. Así se crean lo mitos. Algo más difícil será que se lea al que fuera rector de la Universidad de Salamanca. Y más aún que se estudien su obra y biografía.

Y esto último no se hará -y menos en Cataluña- porque entonces habría que coger el diario de sesiones del Congreso de los Diputados de 1931 y recordar la defensa a ultranza que, uno de los más sabios que ha dado la intelectualidad española, hizo de la oficialidad de la lengua española en Cataluña y, sobre todo, la defensa de la libertad frente a la imposición:

“Señores diputados, el texto del proyecto de Constitución hecho por la Comisión dice: ‘El castellano es el idioma oficial de la República, sin perjuicio de los derechos que las leyes del Estado reconocen a las diferentes provincias o regiones’.

Yo debo confesar que no me di cuenta de qué perjuicio podía haber en que fuera el castellano el idioma oficial de la República (acaso esto es traducción del alemán), e hice una primitiva enmienda, que no era exactamente la que después, al acomodarme al juicio de otros, he firmado. En mi primitiva enmienda decía: ‘El castellano es el idioma oficial de la República. Todo ciudadano español tendrá el derecho y el deber de conocerlo, sin que se le pueda imponer ni prohibir el uso de ningún otro’. Pero por una porción de razones vinimos a convenir en la redacción que últimamente se dió a la enmienda, y que es ésta: ‘El español es el idioma oficial de la República. Todo ciudadano español tiene el deber de saberlo y el derecho de hablarlo. En cada región se podrá declarar cooficial la Lengua de la mayoría de sus habitantes. A nadie se podrá imponer, sin embargo, el uso de ninguna Lengua regional‘.

Entre estas dos cosas puede haber en la práctica alguna contradicción. Yo confieso que no veo muy claro lo de la cooficialidad, pero hay que transigir. Cooficialidad es tan complejo como cosoberanía; hay ‘cos’ de éstos que son muy peligrosos. Pero al decir ‘A nadie se podrá imponer, sin embargo, el uso de ninguna Lengua regional’, se modifica el texto oficial, porque eso quiere decir que ninguna región podrá imponer, no a los de otras regiones, sino a los mismos de ella, el uso de aquella misma Lengua. Mejor dicho, que si se encuentra un paisano mío, un gallego o un catalán que no quiera que se le imponga el uso de su propia Lengua, tiene derecho a que no se les imponga. (Un señor diputado: ¿Y a los notarios?) Dejémonos de eso. Tiene derecho a que no se le imponga. Claro que hay una cosa de convivencia -esto es natural- y de conveniencia; pero esto es distinto; una cosa de imposición. […]”.

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