El marco del lenguaje escogido, voluntariamente o sin querer, es clave en la comunicación política y determina el contexto social sobre el que se jugará la partida que está en marcha. A corto plazo, es determinante; a medio, resulta desequilibrante; y a largo, un obstáculo para el que no lo acepte.

Los gobiernos, los lobis, los partidos políticos o cualquier interés sindicado tratará de imponer el marco y las reglas -desde antes de empezar a jugar- por las que todos han de pasar. El que no acepte el lenguaje tendrá un doble trabajo. Primero, convencer de que su propuesta es mejor, viable y más realista respecto a la de sus rivales. Y segundo, hacerlo sobre un tablero y con unas fichas que le son desfavorables para conseguir su objetivo.

En 2011, la Fundación Ideas -vinculada al PSOE- financió una investigación para analizar qué cambios se producían en las opiniones de la ciudadanía cuando se modificaban los marcos al formular los problemas. Según cuenta Luis Arroyo, tanto en un documento de trabajo de la propia fundación como en su libro El poder político en escena (RBA, 2015), las preguntas fueron variadas y sobre temas diferentes. La muestra se dividió en dos, a un lado, las preguntas que tenían un corte conservador (autoridad, fuerza, mérito personal, pertenencia, pureza); al otro, las que iban con un corte progresista (protección, solidaridad, justicia social, libertad positiva).

Mientras que a unos se les preguntaba si estaban de acuerdo, o no, con la siguiente frase: “Una joven de dieciséis años no debe abortar sin el consentimiento de sus padres”; a otros se les planteaba, el mismo tema, de la siguiente manera: “Nadie, ni siquiera sus padres, puede obligar a una joven de dieciséis años a ser madre en contra de su voluntad”. Los resultados fueron sorprendentes. El 73% de los que respondieron a la primera cuestión estaban de acuerdo con tal afirmación. Pero es que el 66% de los que lo hicieron a la segunda, también estaban de acuerdo con esta segunda frase.

¿Quién está de acuerdo con que el Estado intervenga en la economía y altere el mercado libre? Casi nadie. Sin embargo, el 82% -según el mismo estudio de la Fundación Ideas- está de acuerdo en que el Estado intervenga si es para “evitar la acción de los especuladores”. Y así con otros ejemplos de temas como la educación, las cuotas femeninas en cargos de responsabilidad o los símbolos religiosos. Habría que añadir otro tema: el nacionalismo catalán. De este último asunto estaría bien que se presentase un estudio similar con los términos “derecho a decidir”, “derecho a la autodeterminación” y “derecho unilateral a la secesión”.

A todo esto hay que añadir al mensajero que describe cómo se desarrolla la partida. La televisión es la reina, sin duda, pero un artefacto de 140 caracteres se impone como si las barras de los bares fueran, ya, apéndices de doctos parlamentos.

En muchas ocasiones, los “pseudoacontecimientos” -en España, la declaración tras declaración, sin más-, eventos creados por los medios para consumo interno sin utilidad instrumental, se imponen por su facilidad y viralidad, como se llama hoy en día al rumor -verídico o no-.

Lo relevante suele ser complejo y el titular un objetivo, en lugar de un resumen de la noticia. La sensación es que no importa lo que suceda y sí si es verosímil para un número activista de personas o si estos pueden obtener beneficio político. Unos hablarán del 73% de los encuestados y otros, del 66%. Es una disputa por establecer el marco del lenguaje. El canal. El mito. El desafío.